Publicado por afectadosporlahipoteca en 9 noviembre 2012
Hoy se ha cometido un nuevo crimen.
Amaya ha muerto en Barakaldo cuando la comisión judicial se disponía a
desahuciarla. Repetimos: no es un suicidio, es un genocidio financiero,
es un crimen que se podría haber evitado si los responsables de los
sucesivos gobiernos -PSOE y PP- hubieran adoptado las medidas que la
sociedad civil llevamos años reclamando.
Según informan algunos medios de
comunicación, el Gobierno y PSOE van a solicitar a las entidades
bancarias una moratoria en las ejecuciones de desahucios en marcha
cuando estos afecten a colectivos vulnerables. Una vez más, el Gobierno y
PSOE no asumen la responsabilidad de dar una respuesta real a la
emergencia social.
Ante estas informaciones, la PAH quiere puntualizar que cualquier medida cuyo cumplimiento sea de carácter voluntario por parte de las entidades financieras se ha demostrado ineficiente y es un engaño
para las miles de personas que se encuentran bajo el riesgo de perder
su vivienda. Hay varios ejemplos que confirman este hecho, como los
diferentes servicios de mediación que han puesto en marcha algunos
gobiernos autonómicos o el “código de buenas prácticas” propuesto por el
Sr. De Guindos, que ha conseguido que el pasado trimestre tuviéramos en
el país el récord de desahucios desde que estalló la burbuja
inmobiliaria. El objetivo de las entidades financieras es maximizar su
beneficio y reapropiarse de los bienes inmobiliarios para seguir
especulando en el mercado financiero con ellos. Apelar a su buena
conciencia social no es un incentivo suficientemente lucrativo para sus
balances económicos.
Si Gobierno y PSOE tienen la
voluntad real de detener la sangría de desahucios deben paralizar los
desahucios por vía de urgencia cuando se refieran a primera residencia y
sean deudores de buena fe. Este tipo de medidas se aplican en
países como Francia, en las que está prohibido desahuciar viviendas
durante el periodo invernal. En nuestro país, esta medida no solo
estaría justificada por el período invernal que se aproxima sino por la
situación excepcional de crisis económica y desempleo que está
provocando situaciones de emergencia habitacional y que ya ha sido
denunciada en las últimas semanas por el Consejo General del Poder
Judicial, Naciones Unidas y el Tribunal de Justicia Europeo, entre
otros.
La paralización de los desahucios
es una de las tres propuestas, junto la regulación de la dación en pago
retroactiva y el alquiler social, que incluye la Iniciativa Legislativa
Popular que ha impulsado la PAH junto con otras organizaciones.
Esta ILP ha rebasado el medio millón de firmas de adhesión en pocos
meses y que cuenta con un apoyo generalizado según diferentes encuestas
publicadas. Ésta debería ser la hoja de ruta que Gobierno y PSOE
deberían tener en cuenta a la hora de buscar soluciones a los
desahucios. Sin embargo, si Gobierno y PSOE deciden continuar
protegiendo los intereses de las entidades financieras por encima de la
de sus ciudadan@s, deberán atenerse a las consecuencias que pueda
provocar esta decisión y cuyo carácter es imprevisible.
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